La fábrica del crimen, novela publicada en el 2012 por la periodista Sandra Rodríguez Nieto, va de lo particular a lo general mientras indaga en algunos hechos violentos que tuvieron lugar en Ciudad Juárez a raíz de la guerra contra el narcotráfico. El texto narra la historia de Vicente León, un estudiante del Colegio de Bachilleres número 6, quien en el 2004 planeó y ejecutó el asesinato de su propia familia, les prendió fuego; además inventó un secuestro y pidió 200 mil dólares de rescate por ellos. El delito se consuma con la ayuda de sus compañeros de clase: Eduardo y Osiel (Uziel en la versión literaria). En la escena del crimen, el paisaje urbano emerge como elemento antagónico a la impetuosa situación: “Una camioneta Explorer, sin placas e impactada contra el tronco de un árbol, empezó a consumirse en un fuego que esa madrugada de mayo contrastó con la oscuridad del Camino a Zaragoza, una vereda arcillosa que atraviesa los escasos plantíos de esa parte del valle del Río Bravo, la menos desértica de Ciudad Juárez”. Los tres amigos miden sus actos respecto a la conciencia de impunidad que impera sobre la sociedad fronteriza de la época, por lo que asumen que el triple homicidio difícilmente sería rastreado hasta encontrarlos culpables. La captura y procesamiento de los adolescentes criminales solidifica uno de los puntos que la autora pretende destacar en el libro: que los casos sin resolver regularmente permanecen inconclusos, no por falta de pericia en los elementos de seguridad e investigación judicial, sino debido a cuestiones que obedecen a intereses personales y al tema en general sobre la corrupción.

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Sin embargo la historia no reduce su panorama a estos tres personajes. El Saik (Éder Ángel Martínez Reyna) “un joven que vivía en la calle Durango, en el fraccionamiento Bosques de Salvárcar, en el suroriente de Juárez” permea cómo la estructura social y el mismo diseño urbano han incidido de manera negativa en la formación de los sectores jóvenes y desprotegidos de la ciudad: “Cuando El Saik crecía en la década de los 90, en el suroriente no había zonas deportivas ni bibliotecas ni teatros ni ningún otro lugar en el que los chicos de su edad pudieran ampliar su universo. Solo estaban las calles, donde miles de viviendas del tamaño de la suya se multiplicaban como otro producto de manufactura hasta que terminaban abruptamente junto a algún lote baldío o el muro de alguna maquiladora”. Asimismo, su caso funciona para hablar sobre el crecimiento ralo de las zonas habitacionales en la “Ciudad Nueva” o “Ciudad Sur”, como le denominaron a esta zona los investigadores sociales. Estas áreas “se construyeron en torno a las maquiladoras y, con los años, se fueron mezclando con plazas comerciales, otras colonias viejas y escasamente urbanizadas (…). El resultado fueron decenas de barrios fragmentados como islas divididas por un mar de dunas y basura, que, por la inseguridad, hicieron letales los trayectos a pie y eliminaron del espacio público cualquier elemento que pudiera generar cohesión o fortalecer la identidad”.

La narración desemboca en un espacio que reúne a Vicente y a El Saik, el Centro de Readaptación Social. El relato puntualiza que, si bien la administración del CERESO es responsabilidad del poder legal, su regencia suele estar en manos de las autoridades criminales: “Como uno de los centros de distribución de droga más importantes de la ciudad, el Cereso era asimismo uno de los negocios más seguros —con un mercado literalmente cautivo de más de mil reos adictos— y operaba gracias a un sistema de corrupción que nadie trataba siquiera de ocultar”. La construcción del espacio literario permite ubicar y exponer la corruptela del poder político para establecer un referente que explique distintos fenómenos de depravación en las altas esferas de la ciudad. Esto se encuentra vinculado con la manera en que nuestra sociedad comprende el concepto de justicia, así como lo ejemplifica con Vicente, Eduardo y Uziel, “cuyo caso evidenció que el crimen nos estaba contaminando a todos y que la impunidad, que hasta ese momento había sido planteada como un problema exclusivo de las víctimas, era en realidad un conflicto colectivo: la falta de castigo estaba enviado el mensaje de que todo estaba permitido”.

Sarahí Robledo